Sobre la condena de 30 años al Cr. Plazas, las víctimas de la guerrilla sentamos nuestra más enérgica protesta por este acto de INDISCUTIBLE retaliación político-jurídico contra el ejército nacional. Se vulneraron todos los principios rectores del procedimiento para poder lograr tan execrable condena. Ningún instrumento democrático sirvió para garantizar los derechos del coronel perseguido; no se respetó el debido proceso, ni el principio de legalidad. Nada se respetó. Simplemente, se dejó sentado que lo que la violenta minoría comunista no logra por las armas, lo logra en la combinación de las diversas formas de lucha y con el poder de la infiltración al estado democrático.
Esta no es la democracia soberana, recta e independiente, a la que el Cr. Plazas y el ejército nacional defendieron en aquellas aciagas horas de la patria, puesta a merced del terrorismo narcosubversivo del M-19, que solo gracias a la valiente acción militar se logró salvar la vida de cientos de colombianos secuestrados por el grupo terrorista M-19 en el palacio de justicia y de paso, como si fuera poco, la pervivencia misma del sistema democrático.
La justicia colombiana muestra hoy lo profundo de su crisis por la penetración de intereses criminales y la corrupción en sus valores y principios profesados por aquellos inmolados magistrados. En descarado contraste, los autores de aquel hecho terrorista, gozan de importantes cargos estatales, privilegios sin nombre y una insultante impunidad.
Este hecho, sumado a la cínica impunidad de la FARCPOLITICA, pone al aparato judicial colombiano en deuda con la historia y con las victimas del comunismo en Colombia.
Solo reclamamos JUSTICIA PARA TODOS, si es que aún la rama judicial mantiene su independencia e imparcialidad en el conflicto armado, lo que queda en tela de juicio. Hoy incendiaron el Palacio de la ética de la justicia.
Hace tiempo suenan las alarmas de la democracia y nadie quiere escuchar.
La justicia colombiana muestra hoy lo profundo de su crisis por la penetración de intereses criminales y la corrupción en sus valores y principios profesados por aquellos inmolados magistrados. En descarado contraste, los autores de aquel hecho terrorista, gozan de importantes cargos estatales, privilegios sin nombre y una insultante impunidad.
Este hecho, sumado a la cínica impunidad de la FARCPOLITICA, pone al aparato judicial colombiano en deuda con la historia y con las victimas del comunismo en Colombia.
Solo reclamamos JUSTICIA PARA TODOS, si es que aún la rama judicial mantiene su independencia e imparcialidad en el conflicto armado, lo que queda en tela de juicio. Hoy incendiaron el Palacio de la ética de la justicia.
Hace tiempo suenan las alarmas de la democracia y nadie quiere escuchar.
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