VIOLENTA AGRESIÓN DEL CONCEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA,CRIC A LA OPIC

OPIC-DENUNCIA ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

UN FRAUDE PARA OCULTAR OTRO FRAUDE

(FRENTE A LAS CALUMNIA DE LA ONG JUSTICIA Y PAZ)

Nosotros, el Consejo comunitario de la cuenca del río Curbaradó, elegido mediante Asamblea con la participación de 100% de pobladores negros del Curbaradó, legalmente constituido y registrado ante el Ministerio del Interior bajo la Resolución No. 0289 del 8 de Marzo de 2010….,

ALERTAMOS y DENUNCIAMOS

Primero.- Que el día 5 de Diciembre de 2010, el Concejo comunitario de Curbaradó recibió, por parte de la Comunidad negra de CETINO, información sobre una invasión de familias extrañas al territorio. El día nueve de Diciembre se instauró la querella ante la Inspectora de policía de Carmen del Darién, dadas las dificultades de los términos de la distancia. El día 11 de Diciembre, la inspectora ejecutó la Providencia de lanzamiento de los invasores, en compañía de Codechocó y de la fuerza pública.

Segundo.- Que estas mismas familias mestizas ya expulsadas, desconocidas por la comunidad negra, invadieron nuevamente los territorios colectivos del Consejo Comunitario del Río Curbaradó en la comunidad de Camelia, sector la Cristalina, en compañía de nuevas familias provenientes de diferentes regiones del país.

Es importante señalar que esta comunidad NEGRA de Camelia se encuentra actualmente desplazada en un 90%, debido a la presencia de una Zona Humanitaria compuesta por personas “importadas” por la ONG Justicia y Paz. Una gran cantidad de estas familias negras pretendían retornar con el proyecto de plátano promovido desde el Ministerio de Agricultura, que actualmente está bloqueado para evitar que la población acceda a trabajo y calidad de vida digna.

Esta nueva invasión fue debidamente denunciada y se instauró la respectiva querella ante la inspectora de policía del Carmen del Darién.

Conocemos que la Resolución de Lanzamiento se encuentra expedida, en espera de ser ejecutada.

Tercero.- DENUNCIAMOS las maniobras y argucias ante este nuevo ataque a las comunidades negras, que a diario sufren esta pesadilla, e informamos a los colombianos de bien y a las organizaciones de defensa de los derechos de las comunidades vulnerables, que estos hechos se constituyen en UN PLAN DE ACCIÓN PARA:

A) Evitar el censo SOLICITADO MEDIANTE TUTELA HACE DOS AÑOS POR LOS LIDERES DE LAS COMUNIDADES DE CURBARADÓ, JIGUAMIANDO Y LA LARGA TUMARADÓ, luego ordenado por la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional.

Si este censo se realiza afectaría directamente los intereses de las ONG “humanitarias”, quienes JAMAS han permitido que la población donde intervienen sea censada, ni en el Censo nacional, ni por Acción Social. Debe quedarle claro a las autoridades públicas colombianas que la ONG Justicia y Paz jamás permitirá que se conozca la cifra real de pobladores del territorio, pues sus escritos mienten y engañan a las autoridades nacionales y extranjeras, por negligencia del Estado colombiano, falsificando el número de familias que representan y representando sin poder debidamente otorgado, pues sus zonas humanitarias y de biodiversidad la integran un puñado de personajes importados y no albergan ni un 5% de población negra.

B) CERCENAR NUESTRO TERRITORIO COLECTIVO, siguiendo el objeto expresado en el documento expedido por la ONG Justicia y Paz con fecha de 28 de Diciembre del 2010, suplantando a los reales pobladores de la comunidad de Camelia, para apoderarse de nuestra tierra.

C) AUSPICIAR LA TITULACIÓN DEL TERRITORIO COLECTIVO a familias campesinas invasoras, vinculadas a la estrategia de “recuperadores de tierras”. Esta exigencia de titulación de tierras demuestra que estos invasores no pertenecen al territorio.

D) VIOLENTAR LA AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD NEGRA DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN SU CONSEJO COMUNITARIO Y USURPAR LA GOBERNABILIDAD DEL TERRITORIO COLECTIVO, DECIDIENDO ADELANTAR PROYECTOS DE REFORESTACIÓN sin el consentimiento de la comunidad negra del Curbarádo.

Con profundo dolor e indignación.

Consejo comunitario del Rio Curbarádo

ANEXOS

SOLIDARIDAD INMEDIATA

                     

…..Para el año 2000 con apenas 13 días de nacida, sufrió una fiebre terrible, su padre solicito al comandante guerrillero permiso para llevarla al centro de salud que quedaba a solo 8 cuadras, estos respondieron con la negativa(por este entonces las guerrillas imponían horas de encierro para la población de las comunas) al segundo día, sucedió lo mismo que el primero, para tercer día la niña convulsiono y su padre desafiando valientemente la maldad terrorista llevo a su hijita al hospital, para recibir la terrible noticia de que el virus se había alojado en su cerebro y la niña cargaría con una terrible agonía toda su vida.

Por el año 2000 la comuna 13 vivió la guerra terrorista en carne viva, extorsión, tortura, reclutamiento forzado y toque de queda revolucionarios redujeron a esta comunidad al miedo y la impotencia.

Ella es manuelita una niña de apenas 10 años, una de las victimas olvidadas, a quien la comisión nacional de reparación pretenden dejar sin auxilio ni atención adecuada, ya que las víctimas de la guerrilla siguen siendo ignoradas a pesar de ser las más numerosas.

Hermano colombiano, si le indigna la injusticia a la que se está sometiendo a las víctimas reales de la guerrilla, solidarícese en esta campaña, haciendo llegar todo tipo de ayudas a esta pobre niña huérfana de estado, a quien el socialismo de salón quiere enviar al olvido.

Justo somos más

Manuelita símbolo de resistencia civil contra el terrorismo no le demos la espalda.

Inf.mvn_colombia.com

LAS VICTIMAS DE LA GUERRILLA SI EXISTEN!

LOS DERECHOS DEL HOMBRE NI SE MENDIGAN NI SE AGRADECEN

La pretendida y bien financiada campaña  para desarmar a los portadores legales de armas  y dejarlos expósitos frente a los criminales, responde al contexto de la guerra en que se encuentra Colombia y en la que aun no sabemos reconocer al enemigo.    No es honesto manipular sentimientos cada vez que muere una persona como consecuencia de un disparo de arma de fuego sin importar ni publicar si el arma estaba amparada con porte legal o por el contrario si como ocurre en el 95% de los hechos, son armas adquiridas a muy bajo precio en el mercado negro de la armas, quedando evidente que el hecho fue cometido con una arma ilegal, de las que portan todos los grupos criminales, secuestradores, guerrilleros, paras, narcos, atracadores y extorsionistas en Colombia.  Los colombianos están siendo asesinados y atracados con las armas conseguidas en ese mercado negro que se nutre por las rutas del narcotráfico.  Ese mercado negro al que omisivamente no controla la policía nacional, ni las autoridades municipales, departamentales, ni nacionales.  ¿Qué se ocultará tras esa soterrada permisividad con el tráfico negro de las armas en Colombia. Será solo corrupción?  Para nadie es un secreto el mercado que ebulle desde  las fronteras patrias.  Nuestros países “hermanos”  tampoco se preocupan por controlar ese flujo de armas ilegales hacia nuestro territorio y por el contrario, como se ha evidenciado, en algunas ocasiones nuestros vecinos han promovido por corrupción o sucia política el trafico de armas al interior de nuestro territorio para grupos terroristas. Desde décadas pasadas  no  sorprende encontrar armas venezolanas en el arsenal de los grupos guerrilleros, como tampoco sorprendió el enterarnos que Montesinos hacía el puente corrupto en el Perú para que miles de fusiles llegaran al Caguán a manos de las Farc, mientras que por el Ecuador siempre se ha tenido un tráfico fluido de explosivos.

Bástenos revisar en las armas entregadas por las autodefensas en su proceso de desmovilización, para quedar estupefactos al  enterarnos  que el 95% de ellas proceden de países desarrollados, de esos que se autodenominan “civilizados” y  las restantes son frude esa ingeniería criollita tan brillante para estas cosas. Unas y otras igualmente letales.   No se requiere ser muy ilustrado en estos temas para saber que igual ocurre con los grupos guerrilleros y que los AK-47, ni los fabrica, ni los vende Indumil.  En otras palabras, las armas con las que se cometen los genocidios, los delitos de lesa humanidad, las masacres y los atentados terroristas, no son colombianas y no tienen permiso de porte legal, por la sencilla razón, de que ningún delincuente comete un delito o crimen con un arma  por la que  ha puesto su nombre, su foto, su dirección e identificación, sus bienes y dos recomendaciones, para tener que dejarla tirada en una huida o perderla en medio de un tiroteo con sus víctimas o con las fuerzas de seguridad del Estado.  Así que cuando de delinquir se trata, enseñan las reglas de la experiencia y la practica delincuencial, nada de usar armas amparadas o registradas con permisos legales, nada de armas con salvoconducto, nada de ir a darle al estado 5 millones de pesos por una pistola de discutible calidad, cuando en el mercado negro compra armas  nuevas y mejores por una quinta parte de este precio y si le toca deshacerse de ella en la huida, además que no le duele tanto perderla, tampoco queda involucrado con el arma.  ¿Cuál de los 60 mil espectadores en un partió de futbol en el Campin responderá por un crimen cometido en uno de sus baños si el arma de fuego, no amparada, sin salvoconducto, con la que se cometió el homicidio, aparece en una caneca de basura del estadio?  Ya es hora que se diga la verdad, que no se manipule sentimientos, que no se diga que protegen la vida como lo dicen cuando hipócritamente se escandalizan por el maltrato de un niño, al tiempo que promueven el asesinato de miles de niños en el vientre de sus madres.  Basta ya de sindicaciones calumniosas señalando a los portadores legales como los autores de los crímenes en Colombia.  No señores, no abusen más del poder que usufructúan. Hay toda una estadística silenciada que demuestra lo contrario,  que los portadores legales no son responsables del 3% de los crímenes cometidos en nuestro país y que gracias a estar registrados, responden ante la justicia por sus actos, estadísticas que demuestran que el 97% de los delitos con armas de fuego, se cometen con armas ilegales, adquiridas en el mercado negro, mercado por el que nadie responde y nadie controla. No tapen con el desarme de las gentes de bien su grave omisión en el desarme de los ilegales, de los criminales, de las guerrillas genocidas. 

Así que este tema tiene más de manipulación interesada que verdad científica o demostrable.   ¿Por qué pretenden desarmar a toda la ciudadanía en medio de una guerra irregular en donde no se sabe quién es el terrorista dentro de la gente del común, a sabiendas que una de las modalidades de este tipo de guerras consiste en que los criminales  no se distinguen de la población civil y tampoco los obligan a distinguirse?   ¿Por qué desarmar a los tenderos, los comerciantes, los transportadores, el padre de familia, el finquero, el pequeño o mediano empresario y el amenazado, en medio de unas ciudades tomadas por el crimen y las bandas delincuenciales y delincuentes de todos los pelambres que siembran el terror en buses, estaciones, supermercados, bancos, sectores habitacionales y parques? ¿Por qué desarmar a los colombianos a sabiendas también que las milicias guerrilleras operan en las urbes, sicariando, secuestrando, amenazando y extorsionando?  Ante esta realidad, el porte de armas es un derecho y no una concesión del estado como perversamente lo quieren hacer ver hoy.  Concesión la del ciudadano con unos gobernantes omisivos en garantizar la  vida, integridad y bienes de los asociados.  Así que no invirtamos el orden natural de las cosas: primero el hombre.

Esta campaña fue frenéticamente iniciada desde la primera alcaldía de Antanas Mockus y ha venido creciendo por algunas ciudades  gracias a burgomaestres despistados, que creen que así se vuelven defensores de la ecología.  Recordemos que Mockus en esa  primera ocasión fue lanzado por el M-19, que la continuó Lucho Garzón del Partido Comunista y que la sostiene Samuel Moreno del Polo-M-19-PCC.  De manera que está plenamente liderada por sectores claramente izquierdista, radicales, afines  ideológicos con grupos criminales subversivos que pretenden el poder.   Llama la atención que tras estos líderes izquierdistas hay un selecto grupúsculo de personajes que pelechan tras la campaña y justifican sus cargos  en “seguridad” con esta campaña que busca dejar inermes a los ciudadanos frente al delincuente común o político.  Qué paradoja, ellos tan marxistas, ahora desde los cargos estatales que ostentan, para desarmar a los civiles no enguerrillerados,  reclaman furiosamente el “monopolio de las armas en manos del estado”, pasando de agache, con las armas de los grupos criminales subversivos que hace poco más de 50 años crearon.  Ley de desarme para los ciudadanos de bien que por necesidad deben portar un revolver para protegerse del crimen, ante  la omisión estatal de garantizar los  derechos y el goce de ellos y por otra parte negociación con los grupos subversivos izquierdistas ofreciéndoles ventajas políticas y jurídicas, sin desarme previo o  posteriormente, como ya lo han propuesto importantes ong´s colombianas, como el Cinep. Era escabrosa la escena en los años del Caguán, cuando el alcalde de Bogotá, presionaba el desarme ciudadano mientras las armas largas lucían intimidantes en manos de las  Farc a ojos de todos los colombianos en la mesa de negociación.

Está demostrado  que esta campaña de desarmar a los colombianos, de prohibirles a los colombianos que porten legalmente un arma corta para defensa de sus derechos fundamentales no protegidos por el estado, oculta tras de sí una intencionalidad ideológica que sus promotores ocultan hábilmente.  Torcer estadísticas y ocultar otras,  señala que esta campaña no es ética, ni honesta, demostrando que es una falacia su fementida defensa de la vida y que su objetivo real  es lograr el sometimiento de la población inerme frente a grupos altamente criminalizados o frente a gobiernos o sistemas políticos genocidas o totalitarios.  La historia señala que solo las sociedades armadas han sobrevivido a los sátrapas asesinos; la historia moderna advierte que el desarme de los ciudadanos antecede a los regímenes totalitarios y genocidas, antecede al  despotismo.                                           

Como sea, ya es hora que los ciudadanos demandemos indemnizaciones cada vez que seamos víctimas de los delincuentes comunes o políticos.  Estoy seguro que la autoridad que ordene el desarme de ciudadanos que tienen permiso legal de porte y sean víctimas de delitos contra su vida, la de su familia o vecinos, contra su  integridad o sus bienes, la autoridad que restringió su derecho a la defensa de su vida e integridad, se hace responsable de la acción por favorecedor, por poner a la víctima en estado de indefensión.

Los derechos ni se mendigan, ni se agradecen, se reclaman.

Fernando Vargas