La pretendida y bien financiada campaña para desarmar a los portadores legales de armas y dejarlos expósitos frente a los criminales, responde al contexto de la guerra en que se encuentra Colombia y en la que aun no sabemos reconocer al enemigo. No es honesto manipular sentimientos cada vez que muere una persona como consecuencia de un disparo de arma de fuego sin importar ni publicar si el arma estaba amparada con porte legal o por el contrario si como ocurre en el 95% de los hechos, son armas adquiridas a muy bajo precio en el mercado negro de la armas, quedando evidente que el hecho fue cometido con una arma ilegal, de las que portan todos los grupos criminales, secuestradores, guerrilleros, paras, narcos, atracadores y extorsionistas en Colombia. Los colombianos están siendo asesinados y atracados con las armas conseguidas en ese mercado negro que se nutre por las rutas del narcotráfico. Ese mercado negro al que omisivamente no controla la policía nacional, ni las autoridades municipales, departamentales, ni nacionales. ¿Qué se ocultará tras esa soterrada permisividad con el tráfico negro de las armas en Colombia. Será solo corrupción? Para nadie es un secreto el mercado que ebulle desde las fronteras patrias. Nuestros países “hermanos” tampoco se preocupan por controlar ese flujo de armas ilegales hacia nuestro territorio y por el contrario, como se ha evidenciado, en algunas ocasiones nuestros vecinos han promovido por corrupción o sucia política el trafico de armas al interior de nuestro territorio para grupos terroristas. Desde décadas pasadas no sorprende encontrar armas venezolanas en el arsenal de los grupos guerrilleros, como tampoco sorprendió el enterarnos que Montesinos hacía el puente corrupto en el Perú para que miles de fusiles llegaran al Caguán a manos de las Farc, mientras que por el Ecuador siempre se ha tenido un tráfico fluido de explosivos.
Bástenos revisar en las armas entregadas por las autodefensas en su proceso de desmovilización, para quedar estupefactos al enterarnos que el 95% de ellas proceden de países desarrollados, de esos que se autodenominan “civilizados” y las restantes son frude esa ingeniería criollita tan brillante para estas cosas. Unas y otras igualmente letales. No se requiere ser muy ilustrado en estos temas para saber que igual ocurre con los grupos guerrilleros y que los AK-47, ni los fabrica, ni los vende Indumil. En otras palabras, las armas con las que se cometen los genocidios, los delitos de lesa humanidad, las masacres y los atentados terroristas, no son colombianas y no tienen permiso de porte legal, por la sencilla razón, de que ningún delincuente comete un delito o crimen con un arma por la que ha puesto su nombre, su foto, su dirección e identificación, sus bienes y dos recomendaciones, para tener que dejarla tirada en una huida o perderla en medio de un tiroteo con sus víctimas o con las fuerzas de seguridad del Estado. Así que cuando de delinquir se trata, enseñan las reglas de la experiencia y la practica delincuencial, nada de usar armas amparadas o registradas con permisos legales, nada de armas con salvoconducto, nada de ir a darle al estado 5 millones de pesos por una pistola de discutible calidad, cuando en el mercado negro compra armas nuevas y mejores por una quinta parte de este precio y si le toca deshacerse de ella en la huida, además que no le duele tanto perderla, tampoco queda involucrado con el arma. ¿Cuál de los 60 mil espectadores en un partió de futbol en el Campin responderá por un crimen cometido en uno de sus baños si el arma de fuego, no amparada, sin salvoconducto, con la que se cometió el homicidio, aparece en una caneca de basura del estadio? Ya es hora que se diga la verdad, que no se manipule sentimientos, que no se diga que protegen la vida como lo dicen cuando hipócritamente se escandalizan por el maltrato de un niño, al tiempo que promueven el asesinato de miles de niños en el vientre de sus madres. Basta ya de sindicaciones calumniosas señalando a los portadores legales como los autores de los crímenes en Colombia. No señores, no abusen más del poder que usufructúan. Hay toda una estadística silenciada que demuestra lo contrario, que los portadores legales no son responsables del 3% de los crímenes cometidos en nuestro país y que gracias a estar registrados, responden ante la justicia por sus actos, estadísticas que demuestran que el 97% de los delitos con armas de fuego, se cometen con armas ilegales, adquiridas en el mercado negro, mercado por el que nadie responde y nadie controla. No tapen con el desarme de las gentes de bien su grave omisión en el desarme de los ilegales, de los criminales, de las guerrillas genocidas.
Así que este tema tiene más de manipulación interesada que verdad científica o demostrable. ¿Por qué pretenden desarmar a toda la ciudadanía en medio de una guerra irregular en donde no se sabe quién es el terrorista dentro de la gente del común, a sabiendas que una de las modalidades de este tipo de guerras consiste en que los criminales no se distinguen de la población civil y tampoco los obligan a distinguirse? ¿Por qué desarmar a los tenderos, los comerciantes, los transportadores, el padre de familia, el finquero, el pequeño o mediano empresario y el amenazado, en medio de unas ciudades tomadas por el crimen y las bandas delincuenciales y delincuentes de todos los pelambres que siembran el terror en buses, estaciones, supermercados, bancos, sectores habitacionales y parques? ¿Por qué desarmar a los colombianos a sabiendas también que las milicias guerrilleras operan en las urbes, sicariando, secuestrando, amenazando y extorsionando? Ante esta realidad, el porte de armas es un derecho y no una concesión del estado como perversamente lo quieren hacer ver hoy. Concesión la del ciudadano con unos gobernantes omisivos en garantizar la vida, integridad y bienes de los asociados. Así que no invirtamos el orden natural de las cosas: primero el hombre.
Esta campaña fue frenéticamente iniciada desde la primera alcaldía de Antanas Mockus y ha venido creciendo por algunas ciudades gracias a burgomaestres despistados, que creen que así se vuelven defensores de la ecología. Recordemos que Mockus en esa primera ocasión fue lanzado por el M-19, que la continuó Lucho Garzón del Partido Comunista y que la sostiene Samuel Moreno del Polo-M-19-PCC. De manera que está plenamente liderada por sectores claramente izquierdista, radicales, afines ideológicos con grupos criminales subversivos que pretenden el poder. Llama la atención que tras estos líderes izquierdistas hay un selecto grupúsculo de personajes que pelechan tras la campaña y justifican sus cargos en “seguridad” con esta campaña que busca dejar inermes a los ciudadanos frente al delincuente común o político. Qué paradoja, ellos tan marxistas, ahora desde los cargos estatales que ostentan, para desarmar a los civiles no enguerrillerados, reclaman furiosamente el “monopolio de las armas en manos del estado”, pasando de agache, con las armas de los grupos criminales subversivos que hace poco más de 50 años crearon. Ley de desarme para los ciudadanos de bien que por necesidad deben portar un revolver para protegerse del crimen, ante la omisión estatal de garantizar los derechos y el goce de ellos y por otra parte negociación con los grupos subversivos izquierdistas ofreciéndoles ventajas políticas y jurídicas, sin desarme previo o posteriormente, como ya lo han propuesto importantes ong´s colombianas, como el Cinep. Era escabrosa la escena en los años del Caguán, cuando el alcalde de Bogotá, presionaba el desarme ciudadano mientras las armas largas lucían intimidantes en manos de las Farc a ojos de todos los colombianos en la mesa de negociación.
Está demostrado que esta campaña de desarmar a los colombianos, de prohibirles a los colombianos que porten legalmente un arma corta para defensa de sus derechos fundamentales no protegidos por el estado, oculta tras de sí una intencionalidad ideológica que sus promotores ocultan hábilmente. Torcer estadísticas y ocultar otras, señala que esta campaña no es ética, ni honesta, demostrando que es una falacia su fementida defensa de la vida y que su objetivo real es lograr el sometimiento de la población inerme frente a grupos altamente criminalizados o frente a gobiernos o sistemas políticos genocidas o totalitarios. La historia señala que solo las sociedades armadas han sobrevivido a los sátrapas asesinos; la historia moderna advierte que el desarme de los ciudadanos antecede a los regímenes totalitarios y genocidas, antecede al despotismo.
Como sea, ya es hora que los ciudadanos demandemos indemnizaciones cada vez que seamos víctimas de los delincuentes comunes o políticos. Estoy seguro que la autoridad que ordene el desarme de ciudadanos que tienen permiso legal de porte y sean víctimas de delitos contra su vida, la de su familia o vecinos, contra su integridad o sus bienes, la autoridad que restringió su derecho a la defensa de su vida e integridad, se hace responsable de la acción por favorecedor, por poner a la víctima en estado de indefensión.
Los derechos ni se mendigan, ni se agradecen, se reclaman.
Fernando Vargas
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