RECLAMO DE JUSTICIA

Bogotá D.C., Colombia

Bogotá, Diciembre 18 de 2009

SEÑORES JUECES

DIEGO GARCIA‐ SAYAN
PRESIDENTE
SERGIO GARCIA RAMIREZ
MANUEL E. VENTURA ROBLES
MARGARETTE MAY MACAULAY
RHADYS ABREU BLONDET
PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI
SECRETARIO
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
SAN JOSE DE COSTA RICA

El día de ayer, en el municipio del Carmen del Darién, Chocó, las FARC asesinaron en
estado de indefensión, a los dos líderes afrodescendientes, fundadores del Consejo
Mayor del Curbaradó, MAMUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, junto con su hijo.
Crimen cobarde que enmarca perfectamente en Un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, por
tratarse de líderes públicos de las comunidades afrodescendientes desplazadas de sus
territorios; de comunidades en manifiesto estado de indefensión y debilidad; por tratarse
de líderes representativos de cientos de familias beneficiarios, hasta ayer, de medidas
cautelares y provisionales de la CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS DE LA
OEA, y por sobre todo, porque este atroz crimen contiene actos de injusticia y
desprotección de parte de funcionarios del Estado, que claman justicia y deben responder
frente a la ley; además, porque estos asesinatos encierran la campaña de desprestigio y
exterminio que provoca e incita a su muerte de parte de la ONG Justicia y paz y su director
el sacerdote marxista Javier Giraldo y la ONG canadiense PBI, a quienes estos líderes, con
su comunidad, denunciaron penalmente por actuar en contubernio y favorecimiento con
las FARC, para someter esas comunidades afrodescendientes que ellos representaban; así
mismo, el noticiero NOTICIAS UNO, y su director Daniel Coronel, quien manipuló una
entrevista de estos líderes quienes ingenuamente acudieron a su noticiero a denunciar
irregularidades en sus territorios y terminaron siendo señalados de paramilitarismo por
ese noticiero, quien nunca quiso rectificar esa criminal instigación, que inequívocamente
forma parte de las motivaciones de los asesinos.
MANUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, hicieron parte del grupo de
afrodescendientes que denunció en la fiscalía 14 de DDHH, proceso No. 2022, el
contubernio y concierto, entre las FARC y las ONG´s Justicia y paz, su director el sacerdote
marxista Javier Giraldo y la ONG extranjera PBI. Ellos, denunciaron el desplazamiento
COMITÉ NACIONAL
DE VÍCTIMAS DE LA GUERRILLA

forzado del que fue víctima la comunidad afro de la cuenca del Atrato en 1997, a manos
de las FARC y los milicianos que continúan intimidando, señalando y delinquiendo para
ese concierto criminal. Ese fiscal – LUIS ALBERTO REYES ‐ debe responder qué curso le dio
a esa investigación desde que asumió su conocimiento, luego que su antecesor había
llamado a juicio y condenado a más de 50 miembros de esa organización criminal y
terrorista. Aquel desplazamiento forzado manchado de sangre inocente, lo desarraigó de
su lugar de origen y de nacimiento, al igual que a cientos de familias negras de aquellas
riberas, motivo por el cual denunciaron a sus victimarios, aportando sus testimonios y
pruebas en el mencionado proceso No. 2022 de la fiscalía 14 de DDHH.
¿Por qué varios de los denunciados fueron liberados o están en libertad, sí se probó su
participación en los hechos criminales denunciados por la comunidad afro, como obra en
el plenario?
¿Por qué jamás, el Estado colombiano protegió a testigos y denunciantes, como MANUEL
MOYA y GRACIANO BLANDON, permitiendo con esa omisión su vil asesinato?
¿Acaso el programa de protección no sirve cuando se trata de denunciantes de las FARC?
Este fiscal, LUIS ALBERTO REYES‐ fue recusado por estas graves irregularidades. Se solicitó
la revisión del proceso No. 2022, sin que los órganos competentes de velar por la recta
administración y aplicación de justicia realmente se preocuparan de este desigual asunto,
en una clara y definitiva violación por omisión a los Derechos Humanos, que
indiscutiblemente contribuyó al envalentonamiento de los determinadores de los
asesinatos de MANUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, con su hijo. Fue así como
MANUEL MOYA LARA, presentó denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura y la
Procuraduría General de la Nación, para que se investigara la actuación del fiscal LUIS
A.REYES en el proceso 2022 y se explique, a la luz de las normas penales, por qué fueron
puestos en libertad tan connotados y denunciados criminales y violadores de derechos
humanos, sin que nada hubiese ocurrido, luego de 1 año de puestas las denuncias
respectivas por parte de las victimas asesinadas.
Estos dos humildes hombres, víctimas de las manos criminales de las FARC y del odio
visceral del sacerdote Javier Giraldo y su Organización “Justicia y Paz”, acudieron a la
CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DE LA OEA, en San José de Costa Rica, en febrero 4 de
2008, en donde no solo reclamaron y declararon la representación de la comunidad
afrodescendiente del Curbaradó y Jiguamiandó, independiente y libre de las ong´s Justicia
y paz y PIB y las FARC, sino que solicitaron protección real del Estado de Colombia, frente
a las múltiples amenazas que desde mucho tiempo atrás se cernían sobre sus vidas y sus
familias, solicitando se les amparara, bajo su propia representación, con las medidas
provisionales otorgadas en abstracto a la ong justicia y paz.
Testigo de excepción de esta denuncia internacional fue el funcionario del Estado
colombiano, CARLOS FRANCO, Director del Programa de Derechos Humanos y DIH de la
vicepresidencia de la República. FRANCO debe responder también por la muerte de estos
dos hombres, puesto que era conocedor de las amenazas lanzadas contra estos líderes
sacrificados en el altar de la indolencia y su omisión. No garantizó la vida e integridad de
estos líderes, como era su deber.
Funcionarios del Ministerio del Interior, como GLORIA TERESA DE HUERTAS, asesora de la
viceministra, fue señalada en varias ocasiones por estos líderes, de cohonestar con las


ong´s denunciadas en contra de la independencia y autodeterminación de la comunidad
afro representada por estos líderes asesinados.
MANUEL MOYA LARA, fue el líder AFRODESCENDIENTE en quien recayó el encargo de
reclamar los territorios colectivos al tenor de la ley 70 de 1993. Acto que realizó con
entereza y logró en el año 2000 por parte del Incora, el reconocimiento de aquellos
territorios que constituyen el presente existencial y el futuro de estos pueblos
Afrodescendientes. Fue fundador y representante legal del Consejo Mayor del río
Curbaradó, mientras GRACIANO BLANDON, lo era del Consejo Mayor del Jiguamiandó.
¿Qué tanto han influyeron estas ong´s, Justicia y Paz y la extranjera PIB, en esta
persecución contra MANUEL MOYA LARA, a sabiendas de que fueron denunciados por los
mismos líderes afros asesinados, MANUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, ante la
Corte Interamericana y la justicia colombiana, como los autores de la usurpación y
suplantación de la representación Afrodescendiente y de que su pequeña base social está
denunciada penalmente como auxiliadores de las FARC?
¿Por qué la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, permite la ASIMILACION
FORZADA de las comunidades AFRODESCENDIENTES, con los llamados “CHILAPOS”,
quienes sin tener fenotipo Afro, ni ascendencia Afro, con el apoyo de la ONG Justicia y Paz,
usurparon la representación de las Comunidades Negras, en abierto desafío a las
resoluciones de Naciones Unidas, que reconocen derechos plenos a los pueblos Negros,
como lo denunciaron en vida, MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDON?
􀂾 SEÑORES JUECES: ¿Qué extraña coincidencia se oculta en este sinuoso episodio
criminal? ¿ Cómo explicar que mientras la CORTEIDH, resolvía el asunto planteado
en la sesión del 4 de febrero de 2008, mediante la cual, MANUEL MOYA LARA y
GRACIANO BLANDON, en representación de cientos de familias auténticamente
afrodescendientes, solicitaron ser declarados beneficiarios de las medidas
provisionales, se les respetó la vida y su integridad?
􀂾 ¿Cómo explicar que, sorprendentemente, su resolución de fecha 17 de diciembre
de 2009, con la cual, inexplicablemente, dejaron desprotegidos, al declararlos no
beneficiarios de medidas provisionales, a MANUEL MOYA LARA, GRACIANO
BLANDON y las cientos de familias que representaban, es el mismo día que estos
líderes son secuestrados y asesinados por las FARC, obrando con la absoluta
seguridad de que estas víctimas, desde esta fecha, no eran beneficiarios de sus
medidas selectivas y politizadas, mediante las cuales solamente protegen a
quienes se pliegan a los proyectos de sometimiento a sistemas totalitarios y
comunistas y abandonan a quienes, como estos líderes negros, reclamaron sus
derechos y su autodeterminación como pueblo negro, libre de imposiciones
terroristas y comunistas? Los asesinos esperaron su resolución de fecha 17 de
diciembre para asesinarlos.

􀂾 Paradójicamente, resuelve en su numeral segundo notificar a MANUEL MOYA LARA
y GRACIANO BLANDON, de su determinación de no protegerlos con las medidas
provisionales solicitadas por ellos. Es evidente, que esa sesgada resolución dejó
expósito a MANUEL MOYA Y GRACIANO BLANDON y a todos los demás líderes que
forman parte del paquete excluido por ustedes y de los cuales, dirá la historia de
los derechos humanos, son ustedes responsables por sus vidas y su integridad
personal y sus familias. De la notificación de su resolución, se encargaron las
FARC, como si la hubiesen conocido previamente.


Siendo ustedes el máximo organismo interamericano ante quien se supone se reclama
justicia y respeto a los derechos humanos, luego de este vergonzoso episodio, no hay
cómo pretender de ustedes un acto de justica. Solo espero que sus conciencias les
permitan vivir en paz, mientras llegue el momento en que, como todos los seres humanos,
inexorablemente rindan cuentas al Creador.