CONSTITUCION NACIONAL. ARTICULO 217.
“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”
El Consejo de Estado, condenó al Estado a pagar 1.680 millones de pesos a tres militares heridos y a la familia de un soldado muerto en el ataque de las Farc a la base militar de Las Delicias, Putumayo, en 1996, porque, según el presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, "hay lugar a responsabilizar al Estado, porque no tomó las medidas para prevenir los hechos, no brindó apoyó oportuno a la base a pesar de que ya se conocía el inicio del ataque y, porque el Estado estaba en la obligación de garantizar la seguridad de soldados a su servicio, a quienes no habían preparado para afrontar esta clase de hechos y fueron dejados a merced del ataque subversivo” El fallo agrega que estaban mal armados y que hubo un retardo "injustificado e insuficiente" de apoyo militar, que llegó un día después del ataque "1
En aquellos años de la década de los 90`s, los grupos subversivos, llenos del dinero del narcotráfico, desataron una oleada de ataques terroristas a poblaciones diseminadas a los largo y ancho del territorio nacional, con su alta cuota de muertes y daños materiales a los bienes de la población civil y se dedicaron a realizar secuestros masivos de personas y familias que se desplazan por las carreteras colombianas y que luego colocaban en doble condición de rehén y escudo. Ataques cuyo objetivo era, además de asesinar y amedrentar a los civiles y cobrar millonarias sumas de dinero por su liberación, asaltar las entidades bancarias, robar almacenes y hostigar o asesinar a los escasos policías con que contaban la mayoría de los municipios, porque hay que recordar que en aquellos años se presentaba una situación extrema de omisión en la seguridad nacional, pues cerca de 200 municipios no tenían servicio de seguridad de la policía; pero además, estos actos criminales los realizaban también para preparar atentados terroristas contra el ejército o la policía, cuando éstos se hacían presentes o iban rumbo al sitio, en cualquier camión viejo, como se usaba en aquel tiempo, porque de helicópteros mejor ni hablemos, porque ni siquiera hoy las Brigadas tienen un helicóptero permanente a su servicio y hay una grave carencia de cuadros.
El ejército nacional no contaba, con dotación de medios para cumplir su misión. Claro que tampoco hoy cuenta con los medios necesarios. En los años 80´s y 90´s era frecuente ver soldados en cualquier pueblo con las botas rotas y los uniformes roídos, con alimentación de miserables. Eran épocas muy duras para los soldados colombianos que sin tener equipamiento suficiente y adecuado enfrentaban una guerra de guerrillas comunista y narcoterrorista. Claro, desde antes estábamos en el conflicto armado reconocido reciente en la ley de víctimas, y reconocido también por todos los gobernantes de turno. Reconocido claramente desde Belisario Betancur, pasando por Turbay, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana, hasta llegar a Santos. Conflicto reconocido con el único objetivo de abrir negociaciones con los grupos subversivos y darse sus viajecitos al exterior en temporadas solariegas en Tlaxcala, Caracas o Mainz, pero cuyo reconocimiento NUNCA, óigase bien, NUNCA servía para dotar a las FF.MM., como se esperaba que se hiciera, si actuaran en consecuencia los gobernantes. Por el contrario, El Salvador, con un Área de 21.040,79 Km2 (54 veces más pequeño que Col.), que es la mitad de la denominada zona de “distensión” en el Caguán, las FFMM, en su conflicto contaron con cien helicópteros para enfrentar a los grupos subversivos. Los invito a que revisen cuantos puntos del PIB se destinaban a la defensa nacional en las décadas de los 80´s y 90´s, y comparen con los demás países latinoamericanos, sin guerras, y entenderán la gravedad de esta omisión.
A lo anterior se debe sumar la escandalosa cifra de secuestros con fines económicos --cerca de 3.000-- en el año 1993. Eran épocas nefandas en la que para las decenas de niños, mujeres, jóvenes y ancianos, que perdían sus piernas o brazos por acción de las "minas quiebrapatas", colocadas por la subversión en los campos colombianos, el Estado no adelantaba ningún plan de rehabilitación físico y socio-económico.
En los años 1990-1993, la entonces llamada Coordinadora Guerrillera dinamitó los oleoductos 445 veces, produciendo además de las millonarias cifras de pérdidas económicas para el país, el inmenso daño ecológico, puesto que el petróleo regado contamina quebradas, fuentes de aguas y ríos, terrenos cultivados que se vuelven estériles, la muerte de millones de especies animales y vegetales y, como consecuencia inmediata, la ruina de miles de familias campesinas que vivían en las zonas contaminadas, debido al daño irreversible para el ecosistema.
En ese lapso de tres años, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar realizó 1.352 actos terroristas indiscriminados y cometió 1.560 asesinatos de civiles denunciados a la justicia, cifra que se debe incrementar en no menos de 80%, pues muchos crímenes fueron reportados como realizados por la "delincuencia común", gracias a que en las zonas persistía la presencia criminal de la guerrilla y ocurrían intimidaciones a los familiares, esto sumado a la no credibilidad en el castigo para los autores. La impunidad en la justicia ordinaria, ha sido la mejor promotora de que estos crimines no se denuncien plenamente, suscitando actos de justicia por mano propia. Fue la década de las “pescas milagrosas” como los medios llamaban socarronamente a los secuestros en masa que realizaban las guerrillas en cualquier carretera.
Eran tiempos tan desoladores, que nuestras denuncias ante la Comisión Interamericana de derechos humanos produjo que la Comisión le reclamara explicaciones al gobierno de Colombia sobre la manera como atendía “el grave problema que afecta este vasto sector de la población colombiana, injustamente agredido por los diversos grupos guerrilleros que operan en el país.” ( informe CIDH de 1994) Nuca conocimos la respuesta.
Aún los salones del capitolio nacional se conmueven con las voces reclamantes y de alerta de los Generales Landazábal, Bedoya, Bonnet, Tapias y Mora, entre otros, quienes, ante una asombrosa soledad de media noche, reclamaban que el congreso dotara a las FFMM para cumplir su misión constitucional. Esas intervenciones son plena prueba de que el ejercito sí ha reclamado desde hace mas de 20 años al congreso nacional, para que éste órgano del estado cumpla con el art 217 de la carta y dote suficientemente a las FFMM, para que la nación tenga quien la defienda como lo ordena la Constitución nacional. Ahí están las grabaciones para prueba de esto. Allí están los responsables frente al fallo del Consejo de estado.
Para 1996, el ejército sostenía la democracia, pese a soportar una guerra desequilibrada en los medios logísticos y jurídicos, sin apoyo de la clase política; guerra prolongada y agotadora física y moralmente, máxime cuando con tan bajos recursos derrotaron en los 80´s, una y otra vez, a una u otra guerrilla comunista, a quienes en poco tiempo los gobiernos o los jueces les concedían indultos, amnistías y libertades, con lo cual cientos de ellos y volvían a sus andanzas criminales, en una perfecta combinación de todas las formas de lucha.
Recordemos que para 1995 las guerrillas comunistas recaudaban más de 247 millones de dólares en secuestros y más de 700 millones de dólares en extorsiones a empresas y en asaltos recogía más de 265 millones de dólares y por concepto de narcotráfico la suma de US$2.800 millones.2 El estado pagó varias veces más por la cabeza de Pablo Escobar, que lo que destinaba para labores de inteligencia militar.
Pues bien, así las cosas, es necesario ponerlas en su sitio, para decirnos la verdad y no seguir tapando una grave omisión del Estado, que no del ejercito, por no ser el ordenador del gasto, en la prestación del servicio de seguridad de los colombianos, a la que acostumbraron a aceptar, en silencio, a las FFMM, tal vez por aquello de la no deliberación, tan conveniente en estos casos. “Cumplan con lo que tengan” les decían.
Por una errónea interpretación de patriotismo, sectores de las FFMM, se creen responsables del abandono en que han operado ellos y sus soldados y no ven en este fallo del Consejo de estado la oportunidad única para abrir un debate que no se ha dado. Eso es aflictivo. Y más cuando sé que comprenden que esta agresión comunista, llamada conflicto armado, ha tenido una parte soterrada trabajando en favor de los brazos armados comunistas y que esa colaboración subversiva ha consistido precisamente en esto: en mantener sin dotación a las FFMM para ganar la guerra, ni para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Es decir, han obstaculizado y no han permitido la dotación presupuestal, ni el marco legal necesario, para que las FFMM garanticen la vida de los colombianos y la de sus propios hombres. Por el contrario, ha sido difícil y doloroso, para ellos, para las FFMM, entender que siendo partes del estado, no son, pese a tener las armas, una parte determinante en la toma de decisiones y por el contrario, las otras ramas del poder actúan en su contra, generándole otro flanco en esta guerra irregular, que busca primero acabar con la institución castrense y luego someter al yugo dictatorial al pueblo.
Los soldados y policías, siendo humanos y por consiguiente personas, les es inherente el derecho a la vida, y toda forma injusta y arbitraria, como los actos subversivos, atentan contra esa disposición de los Derechos humanos. Pero además, el estado debe, al menos, minimizar el riesgo de la vida de los miembros de la fuerza pública cuando se encuentren en cumplimiento de misión constitucional. Es cierto que juran dar la vida en defensa de la vida, honra y bienes de sus semejantes, lo que no significa que el estado entienda que se han desprendido del derecho a vivir, ni de la obligación estatal de proveer lo necesario para garantizarles sus derechos. Lo menos que pide un soldado es morir en combate, pero no en combates que de entrada se encuentre en desmedida desventaja o en el trayecto hacia el sitio, víctima de una cobarde carga explosiva del enemigo.3
Mucha razón se encuentra contenida en el fallo. Desde la década pasada, muchos denunciamos el doloso abandono presupuestal en que postraron a las FFMM los gobernantes de turno, en concierto con los Congresistas, de turno. Esta situación la soportaron las FFMM con paciencia, hasta que se disparó el negocio del narcotráfico y las guerrillas entraron completamente a llenar sus arcas participando en alianzas con distintos capos y carteles o creando su propio cartel, a finales de los años 70´s, en especial en la década de los años 80´s. Esta situación desequilibró la balanza presupuestal de la guerra. Unas guerrillas multimillonarias y un ejército empobrecido y humillado por la clase política en el Congreso, con el visto bueno de los presidentes de turno. Mientras las Farc y demás grupos subversivos comunistas, gracias al narcotráfico, multiplicaron consecutivamente sus frentes de guerra, en la década de los 80´s, el ejército nacional comienza a mostrar sus pobrezas y sus miserias para responderles a los colombianos en la seguridad nacional. Miseria económica solo soportada y de qué manera, con el sacrificio heroico de nuestro ejército, que pese a la omisión de los determinadores del gasto, no escatimaron su sangre ofrendando sus vidas en el altar del honor militar, bajo las miradas cómplices y displicentes de una clase política y unos gobernantes, a los que el fallo del Consejo de Estado llama a responder históricamente y a pagar con sus dineros, en muchos mal habidos. Esta omisión cometida por los ordenadores del gasto, fue en contra del ejército nacional, pero mucho mas fue contra el mismo pueblo colombiano, quien quedó expósito y fue victimizado por décadas a manos de los grupos guerrilleros. Y ahora los verdaderos responsables de que el ejército nacional no haya sido suficientemente dotado para cumplir su misión constitucional, quieren desconocer que en esta gran omisión se incubó el motivo de la génesis de las autodefensas y su transformación posterior, contaminada de narcotráfico también.
Bienvenido el fallo para abrir este debate, que no habían tolerado abrir nunca, y que permitirá levantar la verdadera memoria histórica del conflicto colombiano y develar de una vez por todas, los verdaderos autores del debilitamiento militar del ejército, favoreciendo el fortalecimiento y consolidación de bastas zonas del territorio nacional a manos de las guerrillas, generando de paso, por fuerza de la necesidad, el nacimiento de las autodefensas campesinas. Tras esa iliquidez en número de hombres y de medios, en que postraron al ejército nacional, quienes tenían y tienen la orden constitucional de dotarlo, para que sea garante de los colombianos, se encuentra la razón principalísima del desastre nacional en seguridad y el fortalecimiento de las estructuras terroristas en nuestro país.
El fallo ordena investigar a los comandantes militares de la época de las Delicias, lo que es una injusticia, pero que indefectiblemente forzará para que ahora, separados de temores, porque no se encuentran en servicio activo, se expresen libremente y develen con honestidad, valor y criterio ante la historia, esta realidad y sean llamados y vinculados a la investigación, quienes resulten señalados por ellos en sus declaraciones, porque sobre los gobernantes y partidos políticos, siempre ha recaído la función constitucional de haber dotado eficientemente, como lo reclama el fallo, a las FFMM. Desde ahora emplazo a los presidentes desde 1980 como Comandantes Supremos de las FFMM, a los partidos políticos y a los congresistas desde entonces, para que respondan por esta grave omisión que ha destapado el fallo del Consejo de estado. Ellos son los únicos responsables de esta estrategia prosubversiva, que por más de 20 años paralizó al ejército nacional y victimizó al pueblo colombiano a manos de los grupos comunistas armados. Ellos generaron el ambiente propicio para la actividad subversiva en los campos colombianos. Ellos deben reparar a las víctimas de la guerrilla en Colombia.
1. El Colombiano,1-06-2011
2. La Prensa, abril 2 de 1985, pág. 22
3. Un país sin derechos, Fernando Vargas, Librería Lerner
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